Intendenta de Quyquyhó, acusada de desviar G. 1.100 millones, quiere rekutú
11:02 - 12/02/2026
La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), esposa del diputado (colorado-cartista) Esteban Samaniego, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para poder candidatarse y obtener la reelección en el cargo. La mujer está acusada por un presunto desvío G. 1.100 millones de fondos del municipio.
Con la acción, la jefa municipal también solicitó que como medida cautelar se suspendan los efectos del artículo 257 del Código Electoral Paraguayo, ya que, sostiene, equipara un mandato municipal ejercido para completar un período vacante por renuncia del Intendente titular, con un período constitucional completo.
La medida cautelar solicitada es a efectos de ser habilitada provisoriamente para la inscripción como precandidata y candidata, tanto en las elecciones internas partidarias (ANR) como ante la Justicia Electoral (TSJE).
Corvalán fue electa intendenta de forma extraordinaria el 25 de marzo de 2018, tras la renuncia del Intendente titular durante el segundo año del periodo 2015-2020. La mujer señala que dicha elección tuvo como única finalidad completar el mandato vacante, sin que pudiera considerarse como el inicio de un periodo constitucional pleno.
Según el escrito, mediante una interpretación “extensiva e irrazonable2 del artículo 257, se pretende computar el mandato extraordinario iniciado en 2018 como si fuera un primer periodo constitucional, impidiéndole postularse nuevamente pese a no haber ejercido dos períodos.
Corvalán de Samaniego está acusada y con pedido para afrontar juicio oral y público, en una causa que guarda relación con un supuesto desvío de fondos públicos por más de G. 1.100 millones, en tiempos en que su esposo, el diputado Esteban Samaniego (ANR), se desempeñaba como intendente.
Respecto a la acusación, las investigaciones señalan que este dinero fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego-Corvalán, de dos plantas y 306 m², ubicada en la calle Padre Casanello y Pampa Grande, del barrio San Vicente de Asunción. El terreno pertenece a la madre del diputado, Blanca Álvarez, viuda de Samaniego, también acusada en esta causa.
LA CAUSA
El fiscal anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra la madre y la esposa del diputado colorado Esteban Samaniego en el marco de la carpeta fiscal abierta para investigar la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero. La causa fue abierta debido a supuestos desvíos de fondos por valor de más de G. 1.100 millones perpetrados en tiempos en que Samaniego se desempeñaba como intendente de Quyquyhó.
La investigación fiscal sobre la gestión del diputado Esteban Samaniego no pudo desarrollarse con normalidad debido a que el pedido de desafuero que fue presentado por el Ministerio Público ante la Cámara de Diputados no prosperó.
El Ministerio Público pidió la elevación de la causa a juicio oral y público para Patricia Corvalán, actual intendenta de la referida localidad y consorte del legislador, debido a que se logró comprobar en el marco de las investigaciones su implicancia en el esquema que desvío de la comuna G. 1.108.599.918, entre los años 2017 y 2018, cuando Samaniego se desempeñaba como lord mayor.
Las pesquisas señalan que este dinero fue invertido en la construcción de la vivienda de la familia Samaniego - Corvalán, de dos plantas, de 306 m², ubicada en la calle Padre Casanello y Pampa Grande del barrio San Vicente de Asunción. El terreno pertenece a la madre del diputado, Blanca Álvarez, viuda de Samaniego, también acusada en esta causa.
Fueron acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Patricia Corvalán, Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Britez y Blanca Alvarez viuda de Samaniego. Por su parte, fueron acusados por administración en provecho propio y asociación criminal Enrique Javier Lovera Lezcano, Guido Ramón Vargas Gaete, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros, Líder Catalino Ramírez Ramírez y Pedro Osvaldo Ettiene Villanueva.
Por asociación criminal fueron acusados Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, mientras que, por administración en provecho propio, fueron acusados Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.
