Cobro millonario de abogado del IPS abre debates y críticas
20:02 - 24/02/2026
El abogado Manuel Riera se refirió al caso del asesor jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González, quien declaró haber percibido G. 412.500.000 en concepto de honorarios profesionales tras un juicio promovido por la previsional. Riera explicó el alcance de la Ley 2796/05 y planteó cuestionamientos sobre la regulación vigente y sus efectos en el ejercicio profesional.
Riera explicó que la Ley 2796/05 regula el pago de honorarios a asesores jurídicos y auxiliares de justicia del Estado. Según detalló, la normativa establece que los abogados y asesores jurídicos en general, aun cuando sean funcionarios públicos o contratados, que persiguen remuneraciones del Estado, pueden justipreciar sus honorarios profesionales.
“Lo que hace esta Ley es prohibir que la acción de cobro no venga requerida contra la propia entidad de la administración pública a la cual representa”, señaló Riera, al referirse al alcance de la disposición legal.
El abogado sostuvo que el hecho abre un debate sobre la naturaleza de estos pagos cuando el profesional ya percibe un salario como funcionario. “Se está hablando prácticamente de una doble remuneración. Me están diciendo que uno entra a ser asesor jurídico con un salario para que a su vez considere que eso es insuficiente, lo que me autoriza a percibir otro tipo de honorarios”, expresó.
En esa línea, afirmó que “la desigualdad se sostiene”, al considerar que existe una doble remuneración que otros abogados no pueden percibir en iguales condiciones, además de un eventual uso privilegiado de una posición pública.
Riera también se refirió al contexto general del ejercicio de la abogacía en el país. “Si salís al mercado, de cada 10 personas que estudian Derecho y se reciben en la Facultad, 8 terminan vendiendo hielo o trabajando en un ciber, porque honestamente es imposible competir hoy en el mercado en términos del sector privado con la cantidad de oferta laboral que existe”, manifestó.
Asimismo, advirtió sobre el impacto económico que pueden tener los litigios contra el Estado. “Si de todo eso, tenés 20 mil abogados mordiendo todos los días Tribunales, tratando de regular honorarios, imagínate lo que significa que le ganes al Estado. Y si perdés, te cobren los honorarios del abogado del IPS o de cualquier otra entidad. Eso te funde. El riesgo de pagar las costas puede llevarte a un problema financiero de altísimo nivel que, para muchos, puede ser un riesgo de quiebra directa”, señaló.
Fuente: Ñanduti
